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Miércoles, 18 de junio de 2008

Internet conecta a los ciudadanos con las administraciones públicas

Centros públicos con largas colas para hacer la declaración de la renta o para solicitar un impreso. Esta imagen habitual en cualquier edificio público ha sido una de las preocupaciones de la Administración. Una de las soluciones ha sido Internet, que ha contribuido a mejorar las relaciones entre las instituciones públicas y los ciudadanos. La Administración pública ha desarrollado, desde hace tiempo, diversas iniciativas para incorporar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en lo que respecta a su relación con el ciudadano, como en la gestión interna de su actividad.

Dentro de este proceso hay dos características principales: por un lado, la importancia que ha ido adquiriendo este aspecto en los presupuestos generales y en la gestión su diaria, gracias a la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Laescp); y, por otro, su desigual desarrollo, ya que no todas las administraciones han puesto el mismo énfasis en el desarrollo de las tecnologías de la información.

Normativa
La renovación de la legislación ha sido fundamental para mejorar la relación con el consumidor. Con la Laescp, el Gobierno se propuso garantizar el derecho a establecer comunicaciones electrónicas con la Administración. Entre sus puntos claves, se encuentran la creación de un defensor del usuario o la obligación de hacer efectivos estos derechos antes de 2009.

Según el último informe del Observatorio de Administración Electrónica (OAE), esta normativa se va implantando poco a poco. El 50% de las comunidades autónomas realiza encuestas online para que el ciudadano participe en cuestiones públicas, pero tan sólo el 33% de ellas tiene en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, el 67% de las comunidades autónomas ofrece la opción de contactar con los miembros de gobierno.

El principal reto que se ha impuesto es el Gobierno es alcanzar una relación exclusiva a través de Internet con el contribuyente. Por ello, las administraciones, tanto regionales como locales, se han puesto manos a la obra. Una de las primeras ha sido la Diputación de Teruel. Este organismo se ha fijado como meta que los 236 municipios de la zona cuenten con los servicios que obliga la ley en el año 2010.

Las empresas tecnológicas se han convertido en un aliado en este campo. Un ejemplo es la compañía estadounidense Microsoft, que ha alcanzado un acuerdo con  la Diputación Foral de Bizkaia para la creación de una plataforma tecnológica. Con este contrato, valorado en 17,4 millones de euros, Microsoft dotará a la Diputación de la infraestructura necesaria para modernizar la gestión interna de la Administración local. La multinacional será el proveedor de este proyecto, tras haber sido elegida como adjudicataria de un concurso público, en el que también participaban empresas como IBM o Google.

Interacción
Según fuentes de Microsoft, “el acuerdo no sólo es para las herramientas que utilizan los empleados públicos, sino que también aumentará notablemente la interacción de los ciudadanos, organizaciones y empresas con la diputación”.

El proyecto está basado en la tecnología Citizen Service Platform (CSP). Este sistema dota una plataforma que permite a los gobiernos locales disponer de todos los tamaños de herramientas de gestión y servicios  en la red, que pueden ser personalizadas en función de las necesidades de cada Administración.

Otro de los puntos importantes de este aspecto es la relación entre la empresa y las administraciones públicas. Uno de los puntos más polémicos es la factura electrónica.

En España, las empresas y las administraciones emiten 4.500 millones de facturas al año, y el coste de imprimir dos copias roza los 3,50 euros, según los cálculos realizados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por lo tanto, el gasto anual de enviar y recibir facturas se eleva a 15.000 millones de euros, lo que equivale al 1,5% del PIB.

Para solucionar este problema, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Industria ha presentado un nuevo modelo de factura electrónica. Este modelo se puede descargar de forma gratuita  y es compatible con el utilizado por la Agencia Tributaria para las declaraciones y las inspecciones empresariales.

Los únicos requisitos que deberá cumplir la empresa que quiera utilizar este formato es disponer de un ordenador, una conexión de banda ancha y aceptar las tres condiciones impuestas por la Unión Europea a la hora de trabajar con factura electrónica. “Debe dar el consentimiento para recibirla, disponer de un certificado que determine la autenticidad del origen y garantizar la integridad del contenido”, aseguró Santiago Segarra, director de informática de la Agencia Tributaria, durante la presentación del proyecto.

Para pymes
Este modelo ha sido ideado para pequeñas y medianas empresas, que no disponen de un sistema de facturación propio y que se ven obligadas a utilizar los que utilizan las grandes compañías. “Si no los utilizan, la empresa grande les llega a amenazar con no comprar sus productos”, señaló Segarra.

Con la factura electrónica, el sector público introduce la nueva normativa, que obliga a las empresas que quieran ser contratistas de la Administración a facturar en este formato antes 2019. Este sistema no sólo servirá para el intercambio de facturas entre las administraciones y las empresas, sino que también incentivará la facturación electrónica entre las propias compañías.

Fuente: Expansion.com

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